La Contraloría General de la República, las oficinas del control interno, las procuradurías de los gobiernos regionales y municipalidades son las instancias más conocidas de control para la buena administración pública, sin embargo, los paros y protestas que hemos sopesado en los últimos días en la región de Puno, nos revelan que estas instituciones no están funcionando adecuadamente.
En la provincia de Lampa, la población realizó un paro de 48 horas exigiendo la intervención de la contraloría, porque se presume de actos de corrupción en la gestión del alcalde José Luis Hañari Monzón, quien incluso admitió haber incurrido en irregularidades en la construcción del complejo deportivo de Chuñupampa. En los distritos de Copani y Pilcuyo, la población continúa protestando, pidiendo la intervención de la Contraloría, en ambos casos las autoridades afrontan procesos judiciales por mal manejo de los dineros del pueblo.
En ninguno de estos casos se ha pronunciado la Contraloría y por eso cabe la pregunta. ¿Los mecanismos del control del estado a la gestión pública responden al actual contexto administrativo, político y social? Todo indica que no, la contraloría a pesar de tener una oficina descentralizada en Puno no ha demostrado resultados concretos de su trabajo, por ello los ex presidentes regionales andan libres en las calles, incluso pasan de moralistas, cuando estuvieron metidos en escandalosos hechos de corrupción.
Los Jefes de las oficinas del control interno y los procuradores públicos al ser designados por las autoridades elegidas se olvidan de su rol, mas a lo contrario comienzan a defender al presidente regional o al alcalde. En este contexto se necesita una reformulación legislativa en torno a este tema, crear instancias más eficientes de control a la gestión pública y sobre todo tengan una verdadera autonomía.
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